El 15 de marzo de 2026, los ciudadanos de Kazajistán votaron en favor de una nueva Constitución, presentada por el Gobierno como el epílogo de una "transformación del Estado" que promete marcar el advenimiento de un "Nuevo Kazajistán". No obstante, las interpretaciones de los analistas sobre esta reforma son divergentes. Muchos indican que la nueva Constitución no sólo preserva, sino que refuerza el modelo "superpresidencial" que ha caracterizado al país, impidiendo de este modo una supervisión efectiva por parte de la ciudadanía en el ámbito político.
La exigencia de una sociedad civil activa es palpable, con un creciente clamor por la ampliación de derechos y mayor participación en la elaboración de políticas legislativas. Sin embargo, el Gobierno ha respondido con reformas y referendos que se perciben como superficiales y cuyas conclusiones parecen estar ya definidas.
Con un panorama económico deteriorado, las posibilidades de estallidos sociales増an a medida que la descontento colectivo se intensifica. Así, las nuevas estructuras de poder instauradas podrían derivar en conflictos internos dentro de la élite y una inestabilidad política que recuerde a la era del ex presidente Nursultán Nazarbáyev. Zauresh Battalova, titular del Fondo de Desarrollo del Parlamentarismo, sostiene que la reforma constitucional consolida aún más un poder vertical distorsionado en Kazajistán. En este sentido, el modelo superpresidencial establecido en 1995 no sólo se ha mantenido, sino que ha sido reforzado por decisiones que en principio dirigieron su atención hacia el fortalecimiento del Parlamento.
Según Battalova, las decisiones clave, incluidos los nombramientos más significativos, siguen siendo prerrogativa del presidente, lo que reduce la viabilidad de una democracia efectiva. Temur Umarov, investigador del Centro Carnegie Rusia-Eurasia en Berlín, interpreta este fortalecimiento presidencial como una continuación de prácticas históricas. Expresa que el presidente Tokayév ha despojado a su rol de los símbolos democráticos, consolidando un poder que ya detentaba anteriormente.
Por su parte, Battalova opina que la autoridad del Parlamento ha visto mermada su capacidad de acción; las funciones legislativas y la supervisión efectiva del ejecutivo son cada vez más ineficaces ante el surgimiento de otros organismos como el Consejo Popular, establecido recientemente con el fin de fomentar el diálogo entre el Gobierno y la sociedad. Este nuevo cuerpo no sólo propone leyes, sino que tiene el derecho de someter a referéndum cualquier tema pertinente.
El analista Dosym Satpayev prevé que las elecciones parlamentarias de agosto de 2026 no traigan sorpresas; los candidatos provendrán de listas predefinidas, limitando considerablemente el espectro político. Aun así, se vislumbra la posibilidad de la creación de nuevos partidos, aunque su existencia será efímera. Beissembayev sostiene que, aunque hay opciones limitadas, es probable que uno se posicione de manera conservadora en cuestiones de identidad kazaja, mientras que otro podría adoptar un enfoque feminista, quizás con una líder mujer al frente.
A pesar de estas aspiraciones, Beissembayev cree que la sociedad civil se mantendrá en un estado de latencia, con la represión gubernamental introspectiva agudizándose, y con la Constitución proporcionado un marco que permite alcances represivos en nombre de la estabilidad nacional.
Umarov presagia que el fortalecimiento del régimen implica una transferencia de poderes en tres posibles escenarios. La opción más prudente sería que el vicepresidente asuma funciones clave, aunque la posibilidad de Tokayév aspirando al cargo de secretario general de Naciones Unidas también se visualiza como un camino privilegiado debido al resguardo que podría ofrecerle. No obstante, la opción más perturbadora sería la cancelación de los límites de mandatos presidenciales, por lo que el intento de perpetuarse en el poder podría reflejar la esencia de la política kazaja en los últimos años.
Satpayev considera que la dinámica actual es la de una autocracia adaptativa, donde el ciclo de populismo y represión se repite desde la era Nazarbáyev más rápidamente en la administración de Tokayév. Afirma: "Dicen que avanzamos, cuando en realidad estamos estancados en el mismo lugar". La disonancia entre las reformas anunciadas y la realidad política podría culminar en una tensión entre las élites políticas y una población que demanda un mayor involucramiento en la gobernanza y políticas públicas.
En conclusión, la perspectiva de elecciones justas y referendos constituye un desafío tanto para el Gobierno como para la sociedad civil, en un contexto donde cualquier cambio en la estructura de poder puede incurrir en conflictos que afectan la estabilidad política y económica del país.
Discussion questions
- ¿Qué implicaciones tiene el fortalecimiento del modelo superpresidencial en la democracia de Kazajistán, y cómo podría afectar la participación ciudadana en las decisiones políticas?
- ¿Cómo puede la sociedad civil en Kazajistán fomentar un cambio efectivo a pesar de la represión gubernamental y de un marco constitucional que limita sus derechos?
- ¿En qué medida las reformas superficiales pueden ser un obstáculo para el desarrollo de una democracia sólida en Kazajistán, y qué pasos concretos podrían tomarse para promover un cambio real?
- ¿Qué riesgos conlleva la posibilidad de que el presidente Tokayév busque perpetuarse en el poder, y cómo podría esto influir en la estabilidad política y económica del país?
- ¿Cómo se pueden balancear las aspiraciones de nuevos partidos políticos con el control establecido por el gobierno, y qué papel juega la identidad cultural en este proceso?
