Rubén Rocha se aleja temporalmente de la gobernatura de Sinaloa ante investigaciones por vínculos con el narcotráfico

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa desde hace cinco años y miembro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha decidido dejar su cargo «temporalmente» para colaborar con las investigaciones de la Fiscalía de México, que indaga sus supuestos nexos con el cartel de «Los Chapitos». En un discurso dirigido a la nación, Rocha expresó su intención de no permitir que su situación fuera utilizada para perjudicar al movimiento político al que pertenece. Aseguró estar en paz con su conciencia, afirmando que nunca ha traicionado a su pueblo y está dispuesto a enfrentar las acusaciones.

La decisión de Rocha se produce en medio de serias acusaciones provenientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo vinculan, junto a otros nueve funcionarios mexicanos, con el cartel de Sinaloa, una organización delictiva de larga tradición en el país. La solicitud de licencia temporal, presentada por Rocha al Congreso del estado, fue aprobada de inmediato, y se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina durante su ausencia.

El gobernador argumentó que su separación del cargo facilitará la actuación de las autoridades en el proceso de investigación. Sin embargo, este acto también conlleva la pérdida del fuero, es decir, la inmunidad judicial que disfrutan los gobernadores durante su mandato, lo que hace posible que enfrente las acusaciones legalmente.

Rocha ha calificado como «falsas y dolosas» las acusaciones en su contra, reafirmando su compromiso con la verdad y el bienestar de su comunidad. En sus declaraciones, subrayó que México seguirá en un proceso de transformación positivo, a pesar de las adversidades que enfrenta.

A lo largo de su carrera política, las acusaciones sobre vínculos entre Rocha y el narcotráfico no son un fenómeno reciente. Reportes de inteligencia en 2021 habían establecido conexiones entre el político y miembros del cartel de Sinaloa. Sin embargo, el escándalo ha cobrado mayor atención tras la captura de Ismael «El Mayo» Zambada. Durante su detención, Zambada alegó que fue engañado por los hijos de «El Chapo» Guzmán para asistir a una reunión donde se esperaba la presencia de Rocha, quien finalmente no se presentó.

Este tipo de acusaciones puede tener graves repercusiones políticas, especialmente para el partido Morena y su actual líder, Claudia Sheinbaum, quien ha sostenido públicamente su apoyo a Rocha, minimizando las alegaciones en su contra. Este escenario plantea un dilema significativo para la administración en un momento en que la confianza pública es crucial.

La perspectiva legal y política

La licencia solicitada por Rocha tiene un periodo máximo de 30 días. Si las investigaciones se extienden más allá de este marco temporal, el Congreso deberá proporcionar un sustituto que asuma de manera interina el cargo de gobernador. Dado que el mandato de Rocha se extendería hasta 2027, las elecciones anticipadas parecen improbables.

Asimismo, esta situación no es única para Rocha, ya que otros miembros del partido de la gobernación también enfrentan cuestionamientos legales. Por ejemplo, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, también se ha alejado de su puesto ante la presión de las acusaciones, mientras que otros, como el senador Enrique Inzunza, han decidido mantenerse en sus funciones, defendiendo su inocencia y buscando colaborar con la justicia para obtener beneficios legales.

En el contexto más amplio, la colaboración de Rocha con las autoridades para solucionar este asunto podría ser crucial tanto para su futuro político como para la credibilidad del Movimiento de Regeneración Nacional. La respuesta por parte de Estados Unidos a las acusaciones y la falta de evidencia hasta el momento podrían influir notablemente en la dirección de este caso y sus implicaciones en la política mexicana.