Recientemente, el Partido Popular (PP) presentó un informe en la comisión del Senado sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025. Este dictamen atribuye la responsabilidad al Gobierno y a Red Eléctrica de España, subrayando una notable falta de diligencia por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El estudio, impulsado por el PP, se llevó a cabo en una Cámara Alta donde este partido tiene mayoría absoluta. De acuerdo con las conclusiones, el PP descarta cualquier responsabilidad de las empresas eléctricas privadas en lo que se ha denominado el “cero energético”, y sostiene que la responsabilidad política recae exclusivamente en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Alicia García Rodríguez, portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, durante su intervención, afirmó que el apagón no fue un evento fortuito ni una catástrofe natural inesperada. En cambio, lo describió como el resultado de “una gestión irresponsable y de unas políticas negligentes”, lo que evidencia una falta grave de previsión y control ante una situación crítica.
García Rodríguez también instó a que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, renuncie a su cargo, así como a que se cese a la presidenta de Redeia, matriz de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Este llamado a dimisiones refuerza la percepción de que el apagón fue consecuencia de fallas en la dirección gubernamental.
El informe destaca que existieron advertencias sobre el sistema eléctrico antes de que se produjera el apagón y señala que la falta de respuesta frente a estas alertas fue un factor determinante. Asimismo, se critica a la CNMC, argumentando que este organismo “conocía o debía conocer los riesgos sistémicos” previos al evento y no actuó con la debida diligencia. Además, el documento menciona que el regulador aprobó un nuevo procedimiento para controlar la tensión eléctrica posterior al apagón, aun cuando previamente se había identificado la necesidad de actualizar la normativa correspondiente.
Las conclusiones del PP contrastan con otros análisis elaborados en los últimos meses por la CNMC, la Comisión Europea y Red Eléctrica, que califican el incidentes como un fenómeno de carácter multifactorial. A pesar de este desacuerdo, la comisión del Senado celebrará su última reunión para confirmar las conclusiones finales antes de elevarlas al Pleno de la Cámara.
Desde el PP se considera que será complicado alcanzar un acuerdo genuino con el PSOE, debido a las diferencias fundamentales en las interpretaciones del incidente. Esta comisión se creó en mayo de 2024 con el propósito de investigar las causas del apagón y establecer posibles responsabilidades políticas que surjan de este acontecimiento.
En resumen, el apagón eléctrico de abril de 2025 se ha convertido en un tema candente en la política española, y las repercusiones de este suceso continúan afectando a diferentes actores en el gobierno y en la sociedad.
Discussion Questions
- ¿Qué implicaciones tiene la responsabilidad política del Gobierno en el manejo de crisis como el apagón eléctrico mencionado?
- ¿Cómo afecta la percepción pública sobre la eficacia de las instituciones reguladoras tras los informes contradictorios sobre el apagón?
- ¿De qué manera las decisiones políticas pueden impactar la gestión de servicios esenciales como la electricidad?
- ¿Qué papel deberían desempeñar las empresas eléctricas en situaciones de fallo sistémico, y cómo se puede asegurar su responsabilidad?
- ¿Crees que la creación de comisiones de investigación como la del Senado es suficiente para garantizar la rendición de cuentas en incidentes de esta naturaleza?
