El Oschadbank de Ucrania ha puesto en marcha una exigencia formal a las autoridades húngaras, solicitando la restitución de 40 millones de dólares, 35 millones de euros y nueve kilos de oro que fueron confiscados por la policía cerca de Budapest. Este acontecimiento ha desencadenado una contienda diplomática entre ambos países, en un contexto de creciente tensión. Los representantes legales del banco han desmentido las afirmaciones húngaras que vinculaban estos fondos con actividades delictivas.
El episodio tuvo inicio la semana pasada cuando las autoridades húngaras llevaron a cabo una redada en un convoy de transporte de fondos en las proximidades de la capital húngara. Tras esta intervención, las fuerzas del orden expulsaron a siete ciudadanos ucranianos que acompañaban el transporte y abrieron una investigación relacionada con un presunto caso de blanqueo de capitales.
El bufete de abogados Horváth, que defiende al Oschadbank y a sus empleados en suelo húngaro, ha declarado que la transacción era completamente legal. Según ellos, los vehículos ucranianos estaban llevando a cabo un movimiento rutinario de fondos desde el Raiffeisen Bank de Austria hacia la sede del Oschadbank en Kiev. Además, aseguraron que los documentos relevantes permiten identificar claramente el origen y la finalidad de los fondos, refutando cualquier conexión con actividades delictivas. "No existen evidencias que sugieran que el dinero esté vinculado con la delincuencia organizada", afirmaron estos abogados en una reciente entrevista con Euronews.
Históricamente, Oschadbank ha realizado transferencias de efectivo a través de Hungría desde el inicio de la invasión rusa en 2022, con el conocimiento y la autorización de las autoridades locales, lo cual refuerza su posición de que la incautación de fondos fue improcedente.
La controversia se ha intensificado con las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, quien acusó a Hungría de cometer actos de "secuestro" y de ejecutar prácticas que podrían ser interpretadas como terrorismo de Estado. En contraparte, su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, defendió la acción policial, manifestando que existían razones válidas para sospechar que los fondos podrían estar relacionados con actividades criminales, expresando: "se plantea con razón la cuestión de si no se trata del dinero de la mafia ucraniana de la guerra".
Con el telón de fondo de las tensiones en la región, János Lázár, ministro de Construcción y Transportes húngaro, insinuó la posibilidad de que estos fondos pudieran estar destinados a financiar partidos de oposición en Hungría, lo que llevó a un nuevo nivel de confrontación política. No obstante, el bufete de abogados Horváth refutó públicamente estas alegaciones, indicando que, según sus datos, no existen nexos que vinculen el caso con la financiación de partidos húngaros ni con organizaciones criminales ucranianas.
Además, los abogados revelaron que los siete ucranianos expulsados han enfrentado una prohibición de acceso al espacio Schengen y a la Unión Europea por un periodo de tres años, bajo la justificación de motivos de seguridad nacional por parte de Hungría. "La falta de transparencia en la justificación de esta decisión y los escasos recursos legales disponibles podrían resultar en una violación de derechos fundamentales", comentaron los representantes del Oschadbank, lo que podría llevar a un planteamiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Este incidente pone de manifiesto las tensiones latentes entre Ucrania y Hungría en un contexto más amplio de las relaciones entre ambos países y la labor de la Unión Europea entendida como mediadora en este conflicto. Las implicaciones de este episodio pudieran tener repercusiones directas no solo en las relaciones bilaterales, sino también en el panorama político regional en un momento en que Europa busca cohesión ante una serie de crisis. Este caso sirve de recordatorio de los aspectos sensibles que subyacen en la política internacional contemporánea, donde el acusar y defenderse mutuamente forma parte del arsenal retórico que los países emplean en sus respectivas esquemas de relaciones exteriores.