El 2 de febrero de 2026, la Comisión Europea tomó una decisión histórica que permite a los Estados miembros utilizar el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para facilitar el acceso al aborto seguro y legal. Esta medida surge en respuesta a la campaña 'Mi voz, mi decisión', que logró recoger más de un millón de firmas en toda la Unión Europea, demandando un mejor acceso a servicios de aborto en diferentes países.
La comisaria de Igualdad de la UE, Hadja Lahbib, anunció que el fondo social se destinará a ayudar a mujeres que necesiten viajar para acceder a abortos seguros, así como a aquellas que se encuentren en situaciones vulnerables en sus respectivos países. Con un presupuesto total de 142,7 mil millones de euros para el periodo 2021-2027, el FSE+ busca contribuir a políticas sociales y de salud a través de financiación voluntaria a los países miembros.
A pesar de esta positiva resolución, la Comisión no ha establecido un nuevo mecanismo de financiación, algo que había sido solicitado por el Parlamento Europeo. Sin embargo, se reconoce que el FSE+ puede servir para alcanzar los objetivos de la iniciativa ciudadana, como destacó Nika Kovač, coordinadora de 'Mi voz, mi decisión', quien subrayó la importancia del reconocimiento oficial de los derechos de las mujeres a acceder a servicios de salud reproductiva.
'Mi voz, mi decisión' es un mecanismo de Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), lo que significa que, si una propuesta recibe el apoyo de al menos un millón de ciudadanos de al menos siete países de la UE, debe ser discutida por el Parlamento Europeo. Esta iniciativa generó suficiente apoyo para obligar a la Comisión Europea a actuar, algo que puede haber sido influenciado por la presión ejercida por más de 100 diputados europeos que respaldaron la petición con una carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
La decisión ha sido bien recibida por activistas y organizaciones que defienden los derechos reproductivos, quienes argumentan que es esencial que todas las mujeres tengan acceso a abortos seguros, independientemente de su ubicación geográfica. Kovač enfatizó que cuando ciudadanos y parlamentarios se movilizan en torno a una causa común, las instituciones europeas no pueden ignorar estas demandas.
A lo largo de los últimos años, la situación respecto al acceso al aborto en Europa ha mostrado grandes disparidades. Países como Malta tienen prohibiciones totales, mientras que otros, como Polonia, han implementado normativas restrictivas que limitan drásticamente el acceso a estos servicios. Además, muchos Estados miembros cuentan con leyes que, aunque menos restrictivas, no garantizan plenamente el derecho al aborto, a menudo debido a la falta de información y la ausencia de servicios accesibles.
A pesar de estos desafíos, algunas naciones han tomado medidas para mejorar el acceso al aborto. Por ejemplo, Francia ha reconocido el derecho al aborto en su constitución, mientras que Luxemburgo y los Países Bajos han eliminado los períodos de espera obligatorios. Sin embargo, existe un creciente número de nuevos impedimentos y campañas de desinformación que buscan obstaculizar estos derechos en varios Estados.
La decisión de la UE abre una nueva puerta hacia la igualdad en el acceso a la salud reproductiva, y el uso del FSE+ se plantea como una oportunidad única para que las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir, sin las limitaciones que puedan existir en sus países de origen.