Las pruebas son claras: cuando las mujeres se organizan, las comunidades son más resilientes. En marzo de 2026, durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres no dependían del reconocimiento externo; lideraban movimientos, defendían derechos y redefinían el concepto de democracia. Sin embargo, pese a su papel fundamental en el impulso del cambio social y la cohesión comunitaria, estas organizaciones se enfrentan a un entorno cada vez más hostil.
A escala global, los movimientos feministas y las organizaciones de la sociedad civil lideradas por mujeres están sometidos a una convergencia de crisis que amenaza décadas de arduos logros. La reducción de espacios favorables, el auge del autoritarismo, la represión digital y un panorama de financiación en declive se presentan como el telón de fondo que amenaza con revertir avances cruciales. Esta situación no debe ser considerada como un asunto marginal, sino como una cuestión democracia fundamental.
Desde Sudán hasta Afganistán, pasando por Guatemala y Senegal, las organizaciones de mujeres suelen ser las primeras en actuar cuando las instituciones fallan. Su trabajo incluye ofrecer protección, documentar abusos, mediar en conflictos, defender derechos sobre la tierra y el trabajo, y exigir responsabilidad a quienes ostentan el poder. Sin embargo, en la actualidad, muchas de estas organizaciones se ven sistemáticamente marginadas, tratadas como actores opcionales, mientras se niega su papel esencial en la vida social y política de las comunidades.
La situación se agrava con el hecho de que, en los últimos dos años, las organizaciones feministas han sufrido recortes desproporcionados en la financiación, a medida que las prioridades de los donantes se han dirigido hacia respuestas humanitarias a corto plazo, la seguridad y los intereses geopolíticos. Esta reorientación ha llevado a que las inversiones a largo plazo en justicia de género, liderazgo femenino y empoderamiento feminista sean despriorizadas o consideradas "no esenciales." Al mismo tiempo, el entorno propicio para la sociedad civil se está reduciendo de forma alarmante, con legislaciones que restringen los derechos de asociación, reunión y expresión. Esta represión ha sido utilizada de manera creciente contra los movimientos feministas y LGBTQ+.
Las defensoras de los derechos humanos enfrentan, además, una vigilancia constante, acoso en línea y amenazas físicas, una situación acompañada de una falta de protección y responsabilidad alarmante. En el ámbito digital, el impacto de la misoginia y la violencia en línea es igualmente grave, ya que los algoritmos amplifican la hostilidad hacia las mujeres, silenciando sus voces. Las organizaciones feministas, irónicamente, muy raramente están presentes en las mesas de toma de decisiones sobre gobernanza digital.
La combinación de menor financiación, restricciones a las libertades y mayor riesgo está llevando a muchas organizaciones a un modo de sobrevivencia. Cuando la sociedad civil feminista se debilita, las sociedades se tornan más desiguales, polarizadas y menos democráticas. Por lo tanto, la cuestión de la justicia de género no puede seguir siendo un tema secundario o un mero trámite burocrático; es una prioridad política fundamental. La evidencia es contundente: la organización de mujeres resulta en comunidades más resilientes y políticas más inclusivas. Por el contrario, el silencio impuesto a las voces femeninas acelera el retroceso democrático.
Así, la justicia de género es inseparable de la libertad cívica. No puede haber una democracia significativa sin el derecho a organizarse y expresarse, y no existe un entorno propicio para la sociedad civil si las mujeres, las niñas y los grupos de género marginados son excluidos o perseguidos. La situación actual exige más que meras declaraciones de preocupación; requiere valentía política y cambios estructurales.
En este contexto de incertidumbre, se presentan tres cambios urgentes. Primero, es esencial proteger y aumentar la financiación para las organizaciones feministas y lideradas por mujeres, en lugar de sacrificarla. Una financiación adecuada y a largo plazo es fundamental para que estas organizaciones puedan seguir operando bajo presión. Segundo, es necesario defender activamente el entorno favorable a la sociedad civil. Esto implica derogar leyes restrictivas y garantizar la protección de las defensoras de derechos humanos. Finalmente, los movimientos de mujeres deben ser reconocidos como actores políticos con voz y voto en la toma de decisiones.
Con estos principios en mente, Forus ha lanzado la campaña “Marcha con nosotras”, que se fundamenta en la acción colectiva y el liderazgo feminista. Esta campaña busca no solo hablar en nombre de las mujeres, sino crear un espacio donde ellas y activistas de género diverso puedan expresarse libremente. A través de diversas plataformas, se amplifican voces que suelen ser excluidas, pero que enfrentan las realidades de injusticia y resistencia. En un escenario donde el miedo y la fragmentación predominan, la sociedad civil feminista continúa ofreciendo esperanza y solidaridad. En marzo de 2026, decidimos respaldar esta causa, porque defender la justicia de género no es opcional; proteger los derechos de las mujeres es proteger la propia democracia.