El pasado 7 de mayo de 2026, la Venerable Orden Tercera de San Francisco ejecutó el quinto intento de desahucio contra Mariano Ordaz, un jubilado de 67 años que había residido toda su vida en un apartamento del barrio de Embajadores, en el corazón de Madrid. Este caso ha desatado un torrente de protestas y ha reavivado el debate sobre la crisis habitacional que asola a la capital española.
Ordaz, que hasta ese momento había enfrentado en cuatro ocasiones anteriores el inminente desalojo gracias a la solidaridad de los vecinos del barrio, finalmente no pudo evitar su salida. Un fuerte dispositivo policial, compuesto por ocho furgones y varios coches patrulla, rodeó la zona desde las primeras horas de la mañana. La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Carolina Vilariño, expresó su indignación, señalando que era desmesurado el despliegue policial para desalojar a un pensionista de su hogar.
Ante la falta de alternativas habitacionales, Ordaz se encuentra ahora en una situación desesperante, con la posibilidad de refugiarse temporalmente en un albergue o en la habitación de un amigo a un costo prohibitivo de 400 euros.
El propietario del inmueble, la Venerable Orden Tercera de San Francisco, da un giro inesperado a la noción de altruismo religioso. A pesar de su prédica de pobreza, esta institución posee más de 300 propiedades en el centro de Madrid y ha sido criticada por manejar su patrimonio como una entidad comercial, similar a un fondo de inversión.
Varios inquilinos de la orden han informado que, a pesar de ofrecer precios ligeramente inferiores a los del mercado, estos arrendamientos venían acompañados de condiciones desfavorables. Las difíciles condiciones de las propiedades, carentes de un mantenimiento adecuado, transforman la habitabilidad de estas viviendas en un desafío. Desde goteras hasta sistemas eléctricos defectuosos son comunes, lo que conduce a situaciones similares a la de Mariano.
Después de la pandemia, la situación de Ordaz se volvió insostenible, enfrentando un alquiler mensual que se había disparado a 800 euros, acompañado de una deuda acumulada de 15.000 euros. La necesidad de afrontar gastos básicos como alimentación y servicios vitales le hizo cerrar la puerta a cualquier posibilidad de pago. Si bien la orden alega que el desahucio es necesario para realizar obras de reforma en el edificio debido a su deterioro, el Sindicato de Inquilinas sostiene que la responsabilidad recae en los propietarios, quienes han descuidado el mantenimiento de sus propiedades para justificar desalojos, en un intento de vaciar el inmueble.
El contexto político agrava la situación. La moratoria contra desahucios instaurada el pasado 26 de febrero fue derogada, primordialmente impulsada por el voto en contra de las formaciones políticas de derecha. Esta medida, que protegía a inquilinos vulnerables como Ordaz, dejó a miles de familias desprovistas de defensas legales frente a un sistema que se ha vuelto cada vez más agresivo en sus acciones de desalojo. Se estima que este hecho puede dar paso a un alarmante incremento de hasta 60,000 desalojos en todo el país, un escenario desolador que refleja la falta de compromiso por parte de las administraciones públicas, desde el gobierno central hasta las autoridades locales en Madrid.
Las organizaciones vecinales, así como el Sindicato de Inquilinas, han convocado una manifestación para el próximo 24 de mayo bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios', que partirá desde Atocha. Este llamado no es solo por Ordaz, sino por todos aquellos que han sucumbido al peso del mercado inmobiliario en una Madrid estrangulada por incrementos desmesurados en los precios de los alquileres.
El problema del desahucio de Mariano no es un caso aislado; es, bajo la óptica de las organizaciones vecinales, un síntoma claro de un sistema en crisis. Desde marzo de 2022, los alquileres han aumentado de manera continua durante 44 meses, con un incremento notable del 33% en total. En particular, el centro de Madrid ha experimentado un aumento del 21% en los precios del alquiler en solo un año. Esta escalada de precios ha llevado a familias a la exclusión, dejando a muchos sin opción de acceder a una vivienda digna, a pesar de un aparente crecimiento económico.
Una orden religiosa que posee cientos de viviendas en el centro de la ciudad y opta por incrementar los alquileres a niveles inalcanzables, solo para recurrir al sistema judicial para ejecutar desalojos, añade una nueva dimensión al conflicto histórico entre inquilinos y propietarios. A medida que los precios continúan ascendiendo, el futuro del acceso a la vivienda en Madrid se torna cada vez más incierto.
Discussion questions
- ¿Qué papel deberían jugar las instituciones religiosas en la gestión de propiedades de alquiler, considerando su compromiso con la pobreza y la ayuda social?
- ¿Cómo se puede equilibrar la necesidad de mantenimiento de las propiedades con los derechos de los inquilinos y las realidades del mercado inmobiliario?
- ¿Qué soluciones viables podrían implementarse para abordar la crisis habitacional en Madrid y proteger a inquilinos como Mariano Ordaz?
- ¿Cómo influye la política en las dinámicas del mercado de alquiler y en la protección de los inquilinos, y qué cambios legislativos serían necesarios para mejorar la situación?
- ¿De qué manera las protestas y la movilización social pueden impactar en las decisiones de las autoridades y en la percepción pública sobre el problema del desahucio?
