Narges Mohammadi, la activista y defensora de los derechos humanos en Irán, ha sido condenada a más de siete años de prisión después de haber iniciado una huelga de hambre el pasado 2 de febrero. Esta nueva sentencia ha sido confirmada por su abogado, Mostafa Nili, quien detalló que el fallo fue emitido por un tribunal revolucionario en la ciudad de Mashhad. Mohammadi ya había sido sentenciada a casi 14 años por diversas acusaciones, entre las cuales se incluyen la reunión y colusión, así como por propaganda en contra del Estado.
Concretamente, se le han impuesto seis años de prisión por colusión y un año y medio por propaganda, además de ser sometida a un año de prohibición de viajar. A lo anterior se suma un exilio interno de dos años en la ciudad de Khosf, situada a unos 740 kilómetros al sureste de Teherán, la capital de Irán.
Los seguidores de Mohammadi han expresado su preocupación, dado que la activista ha estado en huelga de hambre y se encontraba bajo un régimen penitenciario severo. Fue arrestada en diciembre de 2024 durante un acto memorial por Khosrow Alikordi, un abogado iraní que también defendía los derechos humanos. Durante la manifestación, Mohammadi exigió justicia para Alikordi y otros detenidos.
La imposición de estas nuevas penas se produce en un contexto en el que Irán mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, un asunto prioritario debido a las tensiones recientes entre ambos países. El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, defendió la posición de su país de continuar enriqueciéndo uranio, lo que constituye un punto de conflicto con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.
Los defensores de los derechos humanos han venido advirtiendo que la situación de Mohammadi era delicada. A pesar de haber obtenido un permiso de salida por problemas de salud, su estancia fuera de la cárcel se había prolongado, posiblemente debido a las presiones internacionales. Su activismo persistente incluyó protestas en frente de la famosa prisión de Evin, donde ha estado detenida en ocasiones previas.
Mohammadi ya había cumplido 13 años y 9 meses en prisión por varios cargos, incluyendo colusión contra la seguridad nacional y propaganda. Su activismo se intensificó en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, una joven cuya muerte desencadenó una serie de protestas en todo el país. Estas manifestaciones vieron a numerosas mujeres desafiando abiertamente las premisas del gobierno, particularmente en lo que respecta al uso del hiyab.
A medida que las condiciones de salud de Mohammadi se deterioraban, sus defensores informaron que sufrió múltiples infartos y fue sometida a una cirugía de emergencia en 2022. Su abogado reveló a finales de 2024 que se le había diagnosticado una lesión ósea que presentaba riesgos oncológicos y que posteriormente fue tratada. Sin embargo, la reciente condena a más años de cárcel plantea serias dudas sobre su futuro y bienestar.
En medio de este contexto, la política exterior de Irán se mantuvo inalterable. El ministro Araghchi subrayó que la fortaleza de Irán reside en su capacidad para resistir la intimidación de potencias extranjeras, haciendo hincapié en que el poder de la República Islámica se encuentra en su firmeza ante la presión internacional. Se anticipa que el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajará a Washington próximamente, donde es probable que el tema de Irán sea uno de los ejes centrales de diálogo.
La situación se complica aún más con las maniobras militares de Estados Unidos en la región, que incluyen el despliegue de un portaaviones en el Medio Oriente, dejando entrever la voluntad de Washington de utilizar la fuerza militar si las negociaciones no prosperan.
En resumen, la condena de Narges Mohammadi resalta no solo los desafíos que enfrenta la comunidad de activistas en Irán, sino también las dinámicas interrelacionadas entre política interna y relaciones internacionales que complican aún más la búsqueda de justicia y derechos humanos en el país.