En un contexto donde la necesidad de agilidad en la toma de decisiones se ha convertido en una prioridad para las instituciones, la Comisión Europea ha cerrado recientemente una consulta sobre el marco de "Mejora de la Regulación". Este proceso ha permitido conocer las opiniones de 286 participantes, quienes, en su mayoría, abogan por la preservación de las rigurosas evaluaciones de impacto y las herramientas de consulta que permiten una mayor transparencia.
El objetivo de actualizar el marco de "Better Regulation" busca no solo acelerar los procesos, sino garantizar que las decisiones se tomen con suficiente base y consideración. Sin embargo, los participantes han solicitado que no se debiliten los mecanismos de consulta existentes, ya que esto podría comprometer la calidad y la aceptación pública de las políticas propuestas.
Entre las contribuciones, algunos plantearon soluciones concretas para incentivar una participación activa de todas las partes interesadas. A su vez, otros críticos aprovecharon esta oportunidad para manifestar su descontento respecto al enfoque 'ómnibus' que ha adoptado la Comisión en ocasiones previas. Es fundamental garantizar que se escuchen todas las voces en el desarrollo de políticas, ya que la diversidad de opiniones fomenta una democracia más sólida.
En relación con las exenciones solicitadas desde 2021, desde la organización Consumer Choice Center Europe hemos propuesto que la Comisión adopte procedimientos más estrictos para prevenir abusos de esta posibilidad. Creemos que publicar el número de solicitudes de exenciones en el marco de "Better Regulation" proporcionaría una visión clara y basada en datos, lo que es especialmente valioso para los ciudadanos europeos en tiempo de creciente desconfianza hacia las instituciones.
Las actuales directrices permiten solicitar exenciones por razones vinculadas a la política, emergencia o plazos específicos. Sin embargo, este enfoque puede propiciar una cultura de búsqueda de resquicios legales, donde prácticamente cualquier iniciativa puede justificarse bajo presiones políticas urgentes. Por lo tanto, es esencial establecer una mayor equidad en los métodos de consulta pública.
Un aspecto crítico ha sido la significativa falta de imparcialidad en el diseño de las preguntas en las consultas públicas. En diversas ocasiones, las preguntas se han estructurado de tal manera que favorecen ciertas opiniones, mientras que limitan las voces discrepantes. Por ejemplo, en una reciente consulta sobre la 'Digital Fairness Act', las opciones de respuesta eran abrumadoramente favorables a la implementación de nuevas regulaciones, mientras que las oportunidades de oposición eran escasas. Para mitigar esta situación, la Comisión debe aplicar criterios más rigurosos y garantizar que todas las partes cuenten con la posibilidad de expresar sus posturas de manera detallada.
Asimismo, hemos sugerido que la Comisión amplíe la disponibilidad de resúmenes estadísticos vinculados al portal "Have Your Say". Incluir información sobre la postura general de los participantes respecto a las propuestas de la Comisión podría facilitar que tanto responsables políticos como interesados comprendan el sentimiento colectivo sin esperar prolongados períodos por resúmenes que podrían estar sesgados.
Otro punto a considerar es la sección 5.3.1 de las Directrices de "Better Regulation", que establece la obligación de informar a los participantes cómo se han considerado sus aportaciones. No obstante, consideramos que es momento de que la Comisión garantice que todos los que participan en consultas públicas reciban por correo electrónico un informe de los resultados. Aunque la Comisión no puede atender cada sugerencia, sí debería brindar un desglose claro de los argumentos más frecuentes y las respectivas respuestas institucionales.
Por último, para conseguir una verdadera transparencia, no se puede restringir la publicación de resúmenes de las consultas solo al portal mencionado. Es esencial que se compartan resúmenes objetivos de toda actividad de consulta, así como actas de reuniones y resúmenes de diálogos con las partes interesadas. Las directrices actuales sólo requieren la publicación de un resumen tras ocho semanas de realizado el proceso, pero esta medida debería convertirse en un principio básico y obligatorio. Sin duda, una mayor transparencia contribuiría a reconstruir la confianza entre la ciudadanía y las instituciones europeas.