La complejidad de la 'gobernanza social' en Sinkiang: entre la represión y el control

Desde el año 2021, el presidente de China, Xi Jinping, ha instado a los funcionarios locales a reconfigurar e innovar la gobernanza social. Este impulso se ha traducido en un enfoque creciente en el término “gobernanza social” (社會管治), que se ha utilizado con frecuencia en el contexto de las políticas dirigidas al pueblo uigur en la región de Sinkiang. La adopción de este lenguaje administrativo supuestamente neutral busca cambiar la percepción social sobre cuestiones graves como la represión, el genocidio y la asimilación forzada de este grupo étnico.

Los uigures, originarios de Sinkiang—históricamente conocido como Turquestán del Este—, poseen un idioma, una cultura y una etnicidad que difieren significativamente de la mayoría han, que componen aproximadamente el 92% de la población china. Esta región, con una historia marcada por la colonización durante el siglo XVIII por el Imperio Qing, ha estado sometida a diversas formas de dominación a lo largo de su historia, incluida la dominación por parte de la República de China y, más recientemente, la República Popular China. A lo largo del siglo XX, los uigures se han levantado contra estos poderes, proclamando repúblicas independientes en 1933 y 1944, pero sus intentos de autodeterminación han sido sistemáticamente reprimidos.

Desde 2016, la crisis uigur ha atraído la atención internacional debido a las alarmantes denuncias de detenciones masivas, desapariciones forzadas y sistemas de vigilancia intrusivos. Las autoridades chinas justifican estas medidas como necesarias para combatir el terrorismo y mantener la estabilidad. En contraste, defensores de los derechos humanos en el ámbito internacional han expresado su preocupación por la magnitud de la represión y el impacto devastador en la sociedad uigur. En épocas recientes, la narrativa oficial ha comenzado a cambiar sutilmente. Los centros de detención ya no son tan prominentes en la cobertura mediática estatal, mientras que aparecen campañas que promocionan la belleza paisajística y la herencia cultural de la región.

Un artículo publicado en el Xinjiang Daily, titulado “Unir corazones y mentes, avanzar a través de la gobernanza”, ilustra esta nueva narrativa. En este informe, se presentan discusiones entre funcionarios locales sobre prácticas de gobernanza que destacan a Sinkiang como un modelo de estabilidad y satisfacción pública, relegando preocupaciones sobre derechos humanos y autonomía a un segundo plano. Las frases tales como “liderazgo del partido” y “gobernanza local” se repiten, sugiriendo un sistema administrativo eficiente y organizado. Sin embargo, este lenguaje omite las violaciones sistemáticas de derechos, la libertad religiosa y cultural, así como el uso del idioma uigur, creando un marco en el que los derechos de los uigures son desdibujados.

Al explicar la situación, es crucial prestar atención a lo que se omite en la narrativa oficial. Aunque se menciona un avance en la gobernanza, no se abordan las cuestiones vinculadas a los derechos étnicos y la libertad religiosa, esenciales para entender la complejidad de la situación en Sinkiang. La transformación demográfica de la región es palpante; los uigures pasaron de ser el 75% de la población en 1953 a aproximadamente el 46% por 2010, en parte resultante de políticas de migración impulsadas por el gobierno que fomentaron la llegada de chinos han al área.

La pretendida “autonomía étnica” que se alega en la política china se ve severamente comprometida. El secretario del Partido Comunista en la región es designado por el gobierno central, dejando poco margen para el verdadero autogobierno, a pesar de que el presidente regional sea, muchas veces, un uigur. Esta estructura política contribuye a la marginación de los uigures no solo en términos políticos, sino también en esferas como la educación, el empleo y el uso del idioma en su entorno cotidiano.

La consolidación del poder del partido en Sinkiang está evidentemente reflejada en el artículo mencionado, donde se exalta la primacía de una “gobernanza social” bajo el liderazgo comunista. Las organizaciones sociales independientes, así como las instituciones religiosas y las redes comunitarias, han sido usurpadas por un sistema estatal que hace hincapié en el control. Desde 2016, las masivas detenciones, camufladas como “educación vocacional”, han tenido un impacto traumático en las comunidades uigures, y se estima que cientos de miles han sido enviados a estos centros.

Las autoridades chinas han desarrollado una infraestructura de vigilancia que recoge datos biométricos y establece una gestión territorial a nivel de barrios, imponiendo un control sin precedentes sobre la vida cotidiana. Entre las muchas medidas de control, destaca el “programa de emparejamiento para convertirse en familia”, donde funcionarios del gobierno son asignados a vivir con familias uigures, exacerbando el control social y la supervisión política.

La noción de “estabilidad” emerge como un pilar central en la retórica oficial, que presenta políticas de gobernanza como esenciales para el bienestar colectivo, a menudo bajo la premisa de prevenir conductas que podrían considerarse riesgosas, tales como hablar en uigur o participar en prácticas religiosas. Este enfoque preventivo ha sido tachado por expertos de la ONU como forma de opresión preemptiva, donde las restricciones se imponen no en función de acciones concretas, sino de identidades, creencias y comunidades.

La narrativa oficial también glorifica la expansión de las redes de servicio voluntario, presentándolas como signos de cohesión social, mientras que en la práctica son instrumentos utilizados para reemplazar las redes tradicionales de apoyo comunitario. Esto ha resultado en la integración de la vida cotidiana de los uigures en el marco de la gobernanza estatal, normalizando la represión.

En conclusión, el artículo enfatiza la existencia de un “sentido compartido de identidad nacional china” que prioriza la homogeneidad cultural sobre la pluralidad de identidades. Disciplinado bajo un discurso moderado y optimista, este enfoque ha renombrado conceptos como “control” y “represión” para enmarcarlos como “gobernanza” y “servicio”, ocultando deliberadamente la coerción estructural bajo la fachada de administración pública responsable. El contexto uigur se convierte así en un microcosmos de los desafíos contemporáneos a la identidad cultural y la autonomía, donde la represión se normaliza y se silencia.