La Audiencia Nacional de España enfrenta una situación crítica, con una carga de trabajo que resulta insostenible para los seis juzgados centrales de instrucción que operan en la actualidad. Esta situación ha llevado a la Sala de Gobierno a realizar una petición urgente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la creación de dos nuevos juzgados.
Desde la última expansión de esta estructura judicial en 1997, el número de casos complejos ha aumentado notablemente. Las autoridades judiciales consideran incomprensible que, a pesar del incremento de la carga de trabajo, no se haya ampliado el número de juzgados. Actualmente, estas instancias son responsables de tramitaciones tan delicadas como macrocausas de corrupción, investigaciones sobre criptomonedas, narcotráfico internacional y terrorismo.
Durante una reunión celebrada el 16 de enero, los jueces titulares manifestaron su preocupación sobre la saturación que enfrenta el sistema, destacando varios factores que contribuyen a este problema. Entre ellos, el aumento constante de las órdenes de detención europeas y el crecimiento exponencial de delitos informáticos. Asimismo, la llegada de procedimientos provenientes de la Fiscalía Europea ha redundado en una situación que muchos describen como cercana al colapso.
La reciente Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha exacerbado la crisis. Esta ley ha derogado la figura del juez decano, que tradicionalmente asumía funciones de coordinación entre los juzgados. Para instituir una nueva presidencia que reemplace a este puesto, se requiere un mínimo de ocho juzgados, lo que actualmente es insostenible con solo seis en operación. El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha vuelto a recordar la insistencia de su equipo en esta solicitud, que ya fue presentada al CGPJ y que se incluyó en su plan de ampliación en julio de 2025.
Además de los problemas estructurales de la Audiencia Nacional, los jueces de instrucción han expresado su descontento por la falta de información respecto a la implementación de la nueva oficina judicial. Este modelo implica la supresión de juzgados individuales y la creación de tribunales de instancia con una única oficina de apoyo, pero aún no se ha proporcionado una explicación clara sobre su funcionamiento práctico. Mientras tanto, la Sala de lo Penal también se encuentra en una situación desfavorable, a pesar de los esfuerzos realizados por el CGPJ para aliviar la acumulación de casos pendientes de juicio mediante el refuerzo con tres magistrados en comisión de servicios.
Hasta finales de 2025, existían al menos veinte casos esperando ser establecidos en el calendario judicial. Aunque el Gobierno ha anunciado la creación de un total de 500 plazas judiciales este año, solamente cuatro de ellas son para la Audiencia Nacional. Los jueces continúan advirtiendo que, sin cambios inmediatos, la situación actual se tornará insostenible.
Por lo tanto, se hace imprescindible que el CGPJ y el Gobierno atiendan esta demanda con prontitud y no posterguen la implementación de las reformas necesarias para adaptarse a las circunstancias contemporáneas que enfrenta la justicia española. Solo así se podrá garantizar un servicio judicial eficiente y capaz de afrontar los desafíos del presente y del futuro.