La provisión de servicios de salud en Arauca y otras regiones afectadas por la violencia sigue siendo un reto de enormes proporciones. Esta realidad fue destacada por los médicos de Médicos Sin Fronteras, quienes han establecido clínicas móviles en localidades devastadas por el conflicto y donde la atención sanitaria es escasa. Un ejemplo claro de estas iniciativas es la clínica implementada en el pueblo de Laureles II, en Arauca.
La situación en Arauca es especialmente complicada para personas como Mariocy, una madre venezolana de 39 años que reside en las áreas rurales a las afueras de la capital de este departamento. En una reciente entrevista, Mariocy compartió que constantemente enfrenta múltiples obstáculos para conseguir empleo y acceder a los servicios de salud básicos que su familia necesita. "La búsqueda de trabajo es difícil para los venezolanos aquí", comentó, y agregó que la única forma en que han logrado recibir atención médica ha sido a través de las clínicas móviles de organizaciones humanitarias.
Arauca, situado en el noreste de Colombia y con frontera con Venezuela, ha sido un punto focal de migración y refugio para muchos venezolanos desde que comenzó la crisis del país vecino. Desde 2022, esta región ha sido noticia debido al conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional y facciones disidentes del Estado Mayor Central. Sin embargo, la narrativa sobre las experiencias de los civiles, quienes son las verdaderas víctimas del conflicto, rara vez se hace eco en los medios de comunicación. Para muchos residentes, el concepto de “paz” no se limita a ceses al fuego o negociaciones, sino que está intrínsecamente ligado a la posibilidad de acceder a necesidades esenciales como alimentos, agua y atención médica.
El diagnóstico de la crisis en Arauca va más allá de las balas y los combates; se trata de cómo el conflicto penetra en la vida cotidiana de los habitantes. Un análisis del Clúster de Protección Global ha identificado urgencias como la restricción ilícita de la libertad de movimiento, confinamiento y desplazamiento forzado. En 2023, se reveló que el 34% de la población de Arauca ha sido identificada como víctima del conflicto armado, y miles se encuentran sin educación, alimentos e, incluso, sin atención médica básica.
La directora de la misión en Colombia de Médicos Sin Fronteras, Siham Hajaj, expresó en una entrevista que “el acceso a servicios de salud ha sido severamente obstaculizado para las comunidades atrapadas en el conflicto y para los miles de migrantes que residen en esta área”. En Laureles II, los voluntarios de Médicos Sin Fronteras han atendido a madres que traen a sus bebés por problemas como el retraso en la vacunación o enfermedades estomacales debido a la calidad del agua.
La pregunta que surge es: ¿dónde se encuentra la salud y la paz en este contexto? Cuando las familias no pueden moverse libremente y tienen que enfrentar limitaciones en el acceso a atención básica, la salud se convierte en un bien escaso que fomenta la tensión y la desconfianza entre los individuos. En este contexto, los servicios de salud se deterioran, los rumores se expanden y, lo más alarmante, las comunidades se dividen aún más. Muchas familias venezolanas desplazadas enfrentan discriminación y son culpadas por los problemas que atraviesa la comunidad local.
El Clúster de Protección Global ha documentado que a las familias venezolanas en Arauca se les niegan frecuentemente servicios y se ven expuestas a riesgos de violencia de género y reclutamiento infantil. La atención médica confiable e inclusiva, sin embargo, no solo se limita a curar enfermedades físicas; puede actuar como cohesión social, transformando las clínicas en refugios seguros para todos los involucrados. Esto es precisamente lo que Médicos Sin Fronteras ha estado logrando desde marzo de 2025, al llevar servicios de salud a las municipalidades rurales más necesitadas, incluidas Tame, Arauquita y Puerto Rondón.
Desde marzo hasta noviembre de 2025, Médicos Sin Fronteras proporcionó un considerable número de consultas médicas, incluyendo cuidados generales, salud sexual y reproductiva, y atención a la salud mental. Aunque las cifras son impresionantes, el impacto real se evidencia a través de las historias de aquellos que reciben atención. Una madre embarazada comentó: "Los niños se enferman constantemente, y aunque no cuento con un Permiso de Protección Temporal, gracias a una fundación, he podido acceder a las consultas que necesito".
Si bien el acceso a atención médica no puede resolver por completo el conflicto armado, sí tiene el potencial de fomentar un sentido de comunidad y unidad entre desplazados y residentes. A través de la atención neutral, los pacientes de diferentes orígenes comparten los mismos espacios de consulta, lo que ayuda a curar no solo a nivel físico, sino también social. En palabras de Hajaj, “nuestro enfoque de neutralidad e independencia nos permite atender a miles de personas en zonas de conflicto, fomentando una cohesión social que es esencial en tiempos de violencia”.
Pese a los avances realizados, la realidad de brindar atención sanitaria en regiones como Arauca continúa siendo una tarea monumental. La violencia afecta la infraestructura sanitaria, desanima a los trabajadores de la salud y limita el acceso de la población a los servicios. Cuando las rutas se cierran inesperadamente, incluso los servicios básicos se convierten en un privilegio distante. En un entorno donde incluso el simple sonido de un disparo puede obligar a cerrar una clínica, la atención médica neutral se convierte en el hilo delgado que permite que estas iniciativas sigan adelante.