Líbano: Reflexiones sobre las zonas de amortiguación en el contexto del Derecho Internacional

Las zonas de amortiguación han adquirido un carácter ambiguo en el ámbito del Derecho Internacional humanitario. Este fenómeno se debe, en gran medida, a que las normativas que rigen su existencia en conflictos contemporáneos no son del todo explícitas. La reciente postura de Israel, que aboga por la creación de una zona de amortiguación en el sur del Líbano, ha suscitado un intenso debate. Los funcionarios israelíes argumentan que su objetivo principal es minimizar los ataques provenientes de Hezbolá, un grupo militante libanés. Sin embargo, diversos analistas han señalado que esta medida podría interpretarse como una forma de ocupación que, potencialmente, desembocaría en crímenes de guerra.

La pregunta central que se plantea es si la imposición de una zona de amortiguación, tal como la que está intentando establecer Israel, es legal conforme al Derecho Internacional. Aunque la respuesta a esta cuestión parece ser provisionalmente positiva, la situación es notablemente más complicada. Según especialistas en la materia, el accionar de Israel en el sur de Líbano no califica como una auténtica “zona de seguridad” según las regulaciones internacionales vigentes.

Desde inicios de marzo de 2026, fuerzas israelíes han intensificado su presencia en un área limítrofe, ubicada entre 5 y 10 kilómetros de la frontera con Líbano. El primer ministro Benjamín Netanyahu sostiene que esta zona tiene la finalidad de “frustrar la amenaza de invasión” que representa Hezbolá. Sin embargo, la legitimidad de dicha zona se cuestiona en el marco del Derecho Internacional, ya que este no ofrece definiciones claras sobre lo que constituye una zona de amortiguación.

Gustav Meibauer, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Radboud, puntualiza que “las zonas de amortiguación no están explícitamente tratadas en el Derecho Internacional”. Las fuentes habituales que podrían proporcionar directrices sobre este tema, como la Carta de las Naciones Unidas y los Convenios de Ginebra, no abordan este concepto de manera directa. No obstante, Eian Katz, un investigador jurídico, ha argumentado que las zonas de amortiguación pueden, en ciertos contextos, tener ventajas. Estas zonas pueden contribuir a la integridad fronteriza, permitiendo a los Estados protegerse de amenazas emergentes, tales como el terrorismo y la inmigración ilegal. También, en ocasiones, pueden desempeñar un rol humanitario al ofrecer refugio a personas desplazadas o facilitar la distribución de asistencia.

Sin embargo, Katz también advierte que no todas las zonas de amortiguación se establecen con fines benéficos; de hecho, a menudo son utilizadas para justificar la ampliación de la influencia geopolítica o para impulsar agendas de política exterior particulares. Esta ambigüedad legal puede resultar atractiva para aquellos que toman decisiones políticas, ya que permite a ciertos actores sortear las regulaciones estrictas del Derecho Internacional. Además, como señala Meibauer, la terminología utilizada juega un papel significativo en la percepción pública: una “zona de amortiguación” suena menos agresiva y más aceptable que la ocupación o anexión territorial.

La creación de zonas de amortiguación se evalúa a través de varios criterios. Uno de los más cruciales es si estas zonas se establecen mediante un acuerdo mutuo o a través de una imposición unilateral. Un acuerdo entre dos países para mantener una distancia de seguridad es generalmente aceptado en términos legales; no obstante, la imposición de una zona de seguridad por una nación sobre otra puede ser considerada una violación de la soberanía. Para justificar una zona de amortiguación impuesta, se citan tres argumentos principales: autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, razones humanitarias, o la legítima defensa.

Una vez que se establece una zona de amortiguación, su operatividad continúa bajo el marco del Derecho Internacional. Las normas de los Convenios de Ginebra son aplicables, enfatizando principios fundamentales como la proporcionalidad y la necesidad militar. Esto significa que las acciones adoptadas por tropas en estas zonas deben ser justificadas y no pueden ser excesivas. Es crucial no dañar bienes civiles, a menos que existan condiciones estrictamente definidas que lo permitan.

La situación actual ha suscitado preocupaciones sobre las conductas del Ejército israelí, dado que, según acusaciones, se ha ordenado la destrucción de viviendas libanesas con el argumento de que son utilizadas por Hezbolá. La deliberada destrucción de propriété civil sin justificación militar clara podría constituir un crimen de guerra, así lo sostiene Janina Dill, co-directora del Instituto de Ética, Derecho y Conflicto Armado de la Universidad de Oxford.

Es importante señalar que las zonas de amortiguación no solo pueden perpetuarse, sino que cuando se institucionalizan, podrían transformarse en ocupaciones efectivas, lo que acarrearía consecuencias legales significativas. La ocupación se vincula a la presencia no consentida de fuerzas extranjeras y su control sobre el territorio. Con respecto al estado actual de Líbano, si la intervención israelí se convirtiera en un fenómeno prolongado, se plantearían serias implicaciones en cuanto a la legitimidad de su accionar en el contexto del Derecho Internacional.