Irán intensifica ejecuciones de presos políticos tras el inicio del conflicto bélico

Desde que comenzó la guerra en Irán el 28 de febrero, el régimen de Teherán ha llevado a cabo una serie de ejecuciones de presos políticos, alcanzando al menos 14 en un corto lapso de tres semanas. La situación se ha agudizado en medio de un cierre severo de Internet que ha durado más de un mes, complicando aún más la comunicación interna y los informes de derechos humanos.

Entre los ejecutados, se encuentran manifestantes capturados durante protestas en enero, quienes fueron acusados de incendiar una base de la milicia Basij en el este de la capital. De hecho, siete de los ejecutados tienen un vínculo directo con estas protestas; otros seis estaban presuntamente asociados con la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), mientras que uno enfrentó la acusación de espionaje para Israel en el contexto del conflicto reciente de verano pasado.

Mai Sato, relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en Irán, hizo un sombrío balance, reportando que en 2025 al menos 1,639 personas fueron ejecutadas, con un incremento notable en enero de 2026, que contabilizó al menos 100 ejecuciones en ese único mes. El jefe de la judicatura iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, instó a que las sentencias relacionadas con la 'confiscación de bienes y ejecución' se ejecuten rápidamente, reafirmando que hay una guerra que se libra contra el país.

La ola de ejecuciones inició el 17 de marzo con la ejecución de Kourosh Keyvani, un irano-sueco, acusado de espiar. Otros manifestantes también encontraron su fin en la guillotina bajo acusaciones similares. La justicia iraní ha sido criticada por los rápidos juicios y las condenas de muerte, que muchos alegan están acompañadas por torturas y coerción a confesiones.

El caso de los siete acusados del incendio de la base de la milicia Basij ha atraído especial atención. Fueron detenidos durante las protestas del 7 de enero y, tras juicios rápidos y confusos, se les sentenció a muerte. Organizaciones de derechos humanos denuncian que el proceso judicial carece de transparencia, y muchos de los acusados no tuvieron acceso a una defensa adecuada. Durante las protestas, videos mostraron lo que parecían ser confesiones coercitivas, lo que agrega otra capa a las alegaciones de que algunos de los detenidos no eran más que curiosos o personas no involucradas en los disturbios.

Sato argumentó que las recientes ejecuciones son parte de una larga tradición de la República Islámica de usar la pena de muerte como herramienta para silenciar cualquier forma de disidencia. Los cargos son tan amplios que casi cualquier protesta puede ser considerada un ataque a la seguridad nacional, lo que lleva a acusaciones como “librar guerra contra Dios” o “espionaje”, a menudo sin pruebas concretas.

Desde que comenzaron las operaciones militares, la ola de detenciones ha sido severa, alcanzando a miles de personas, incluyendo médicos y estudiantes que atendieron a manifestantes heridos. Los medios de comunicación estatales han reportado miles de detenidos, pero las organizaciones de derechos humanos estiman que el número podría ser significativamente mayor.

La brutalidad del régimen iraní se ha hecho evidente en denuncias de muertes en custodia y torturas. Alta mención se ha dado a la muerte de Hossein Ghavi, un joven discapacitado, que falleció mientras estaba bajo custodia de la Guardia Revolucionaria. Estos hechos generan cada vez más preocupación en el ámbito internacional y denotan la difícil situación en Irán, donde los derechos humanos continúan siendo severamente vulnerados.