Expertos de la ONU han levantado la voz ante la alarmante 'criminalización' que enfrentan los agricultores en Francia por sus manifestaciones. Esta situación se ha vuelto más notoria tras la detención de 52 agricultores el 14 de enero de 2026, cuando intentaron protestar en un edificio del Ministerio de Agricultura en París. Esta acción buscaba expresar su oposición a un acuerdo comercial con los países del Mercosur y otras políticas que amenazan sus medios de vida.
Según Fanny Métrat, portavoz de la Confédération paysanne, estas detenciones fueron descritas como "puramente arbitrarias". Afirmó que los agricultores no dañaron nada; simplemente realizaron actos simbólicos durante su protesta. Sin embargo, la fiscalía no inició procedimientos legales en su contra. A pesar de que fueron liberados, Métrat enfatizó que el gobierno intenta intimidar a su sindicato tras demandar la renuncia de la ministra de Agricultura.
En un comunicado, tres relatores de la ONU, incluido Carlos Arturo Duarte Torres, expresaron su profunda preocupación por la creciente represión que enfrentan los movimientos campesinos. Los expertos consideran que la detención de líderes campesinos por ejercer el derecho a la disidencia civil es un signo alarmante. "Estamos preocupados por esta clara tendencia a criminalizar actividades sindicales pacíficas", dijeron.
Los relatores instaron al gobierno francés a facilitar el derecho a manifestarse pacíficamente en lugar de reprimirlo con un uso excesivo de la fuerza policial. Esto es especialmente relevante ya que los agricultores luchan por preservar sus trabajos y desean poder participar en decisiones que afecten su vida, incluidos los acuerdos comerciales y políticas de salud pública.
La situación se ha intensificado, haciendo que la comunidad campesina y policial se enfrenten en un contexto ya de por sí tenso. Yoann Maras de la Alliance Police nationale negó que la policía tenga un enfoque específicamente dirigido contra la Confédération paysanne, pero reconoció que algunas manifestaciones pueden resultar en reacciones policiales.
Más allá del conflicto entre los agricultores y el gobierno, el descontento también se ha manifestado entre los propios policías, quienes han salido a las calles para protestar por lo que consideran falta de recursos y apoyo por parte del gobierno. En varias ciudades de Francia, los policías marcharon para expresar su enojo por la creciente violencia y los desafíos que enfrentan en sus funciones diarias.
Los expertos de la ONU destacaron que el gobierno debe dialogar con los agricultores en lugar de silenciarlos mediante represalias. La escalada de detenciones masivas es vista como una estrategia inadecuada para enfrentar los problemas sociales actuales. Según el análisis preliminar de estadísticas de seguridad, varios delitos han aumentado, lo que refleja una sociedad cada vez más violenta.
En resumen, la situación en Francia resalta la necesidad urgente de abordar los problemas que afectan tanto a los agricultores como a las fuerzas del orden. La protesta pacífica debe ser protegida, y el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el diálogo y la negociación con los grupos en conflicto. La 'válvula' de la injusticia social ha estallado, y es crucial que se busquen soluciones que permitan la convivencia pacífica y la resolución efectiva de los problemas existentes.