En un contexto donde diversos gobiernos actúan como ‘caballeros andantes’ para atraer a las grandes empresas tecnológicas, las comunidades suelen sufrir las devastadoras consecuencias de esta búsqueda por el crecimiento a través de la infraestructura digital. Esta situación, que se ha intensificado con el auge de la inteligencia artificial generativa, ha hecho que se pronostique un aumento exponencial en la demanda de centros de datos, calculado en un 20% anual hasta 2030, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los centros de datos, definidos como enormes depósitos que albergan servidores para procesar lo que se conoce como el nuevo petróleo—los datos—, han proliferado en regiones históricamente relegadas, especialmente en los países en desarrollo. Sin embargo, este crecimiento no se produce sin un costo. Steven Gonzalez Monserrate, un investigador etnográfico especializado en infraestructuras en la nube, describe este fenómeno como una forma de “terraformación”, donde se transforma tanto el entorno natural como las dinámicas sociales para acomodar las exigencias de la tecnología. Esto, advierte, está impulsando nuevas formas de colonialismo, ya que los recursos naturales y la tierra son despojados de las comunidades para favorecer a grandes corporaciones como Google y Amazon, que han comenzado a comportarse como estados más que como meras empresas.
Investigaciones recientes, como la elaborada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en colaboración con otros medios, revelan que entre 2012 y 2025, miles de reuniones se realizaron entre ejecutivos tecnológicos y funcionarios gubernamentales para discutir temas fundamentales relacionados con la infraestructura tecnológica, los impuestos y la regulación, priorizando, en muchos casos, intereses económicos sobre preocupaciones ambientales.
El impacto de estos centros de datos suele ser desastroso para las comunidades que los acogen. Estos complejos requieren ingentes cantidades de energía y agua, exacerbando problemas de escasez que ya enfrentan regiones con infraestructura deficiente y un historial de sequías. Por ejemplo, Brasil cuenta actualmente con 206 centros de datos, y el gobierno ha impulsado políticas para atraer más inversiones al sector. Sin embargo, este progreso trae consigo preocupaciones medioambientales significativas. En palabras de Márcio Elias Rosa, ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, es fundamental considerar las implicaciones ambientales al momento de elaborar políticas para incentivar la llegada de estos centros.
Los proyectos de construcción de enormes centros de datos, como el de “Ciudad de IA” de la empresa Scala en Eldorado do Sul, suscitan más que interés. Esta localidad fue devastada en 2024 por inundaciones históricas, y ahora enfrenta el riesgo de un nuevo desastre mientras busca albergar la mayor instalación de datos de Latinoamérica. Algunas decisiones del gobierno, como reducir los requisitos de análisis de impacto ambiental, han generado indignación pública y resistencia local, evidenciada por el cada vez más frecuente activismo ambiental en la región.
En países como Chile y Uruguay, las comunidades han mostrado su descontento y han logrado detener temporalmente proyectos tecnológicos. En Cerrillos, Chile, ciudadanos y activistas interpusieron un recurso que llevó a la suspensión de permisos para la construcción de un centro de datos de Google, subrayando la preocupación por el uso excesivo de agua en una región ya afectada por la sequía. En Uruguay, la situación no es muy distinta. En medio de la peor sequía en más de siete décadas, Google planeó construir un centro que consumiría el equivalente al uso diario de agua de 55,000 personas, lo que desató una olas de protesta y una revisión de los requisitos medioambientales.
Mientras tanto, otros países en la región, como Argentina, se ven atrapados en un dilema similar, sopesando la necesidad de preservar el medio ambiente con el deseo de no quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial. Sin embargo, todavía carecen de marcos regulatorios claros que mitiguen los efectos adversos de estas construcciones en sus comunidades y ecosistemas. Las alianzas entre gobiernos y grandes tecnológicas, aunque atractivas en términos de prometidas inversiones, no garantizan un crecimiento económico sostenible o una mejora en la calidad de vida de la población local.
A medida que estos gigantes tecnológicos continúan consolidando su poder y recursos, queda por ver cómo las comunidades afectadas sacarán adelante sus intereses y derechos en este nuevo paradigma donde la tecnología tiene un papel preponderante, pero donde el bienestar ambiental y social no debe quedar en un segundo plano. La resistencia comunitaria es, sin duda, un tema central que marcará la pauta en los próximos años respecto a la expansión de los centros de datos y su relación con el tejido social y ambiental de la región.
Discussion questions
- ¿Qué medidas podrían implementar las comunidades para equilibrar el desarrollo económico y la protección ambiental ante la llegada de centros de datos?
- ¿Cómo afecta la relación entre gobiernos y empresas tecnológicas a las dinámicas sociales y económicas de las comunidades locales?
- ¿Qué papel deben desempeñar los ciudadanos en la toma de decisiones sobre proyectos tecnológicos que impactan su entorno?
- ¿De qué manera podemos educar a las próximas generaciones sobre la importancia de considerar el impacto ambiental en la tecnología?
- ¿Es posible lograr un desarrollo sostenible en la región sin sacrificar los derechos y necesidades de las comunidades locales? ¿Por qué sí o por qué no?
