El periodista estadounidense Don Lemon fue liberado el pasado viernes tras ser arrestado y acusado de violación de derechos civiles federales debido a su cobertura de una manifestación contra las políticas antiinmigración en Minnesota, que interrumpió un servicio religioso. Su detención ocurrió en Los Ángeles, aunque la protesta tuvo lugar en la Iglesia Cities en St. Paul, donde el pastor es un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Al salir del juzgado, Lemon se mostró confiado y desafiante frente a los periodistas. "No me silenciarán", afirmó. "He dedicado mi carrera a cubrir noticias y no voy a detenerme ahora. Nunca ha sido más crucial que una prensa libre y responsable exprese la verdad y exija rendición de cuentas a los poderosos".
Las detenciones, incluidas las de otros periodistas y manifestantes, han suscitado una fuerte reacción entre defensores de la libertad de prensa y activistas por los derechos civiles. El reverendo Al Sharpton, conocido defensor de los derechos civiles, declaró que la administración del expresidente Donald Trump estaba atacando la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.
Un gran jurado de Minnesota acusó a Lemon de conspiración y de restringir los derechos de la Primera Enmienda de los asistentes a la iglesia durante la manifestación del 18 de enero. Durante el Tribunal en Los Ángeles, el fiscal solicitó una fianza de 100,000 dólares, argumentando que Lemon "se unió a sabiendas a una turba que invadió una iglesia". Sin embargo, fue liberado sin fianza y se le permitió viajar a Francia mientras el caso sigue en curso.
La abogada de Lemon, Marilyn Bednarski, anunció que el periodista tiene la intención de declararse inocente e impugnar las acusaciones en Minnesota. Lemon, quien anteriormente trabajó en CNN antes de ser despedido en 2023 tras una controvertida etapa como presentador, aclaró que su presencia en el evento fue en calidad de periodista independiente. "He sido periodista durante tres décadas y mi trabajo en Minneapolis, respaldado por la Constitución, no difiere de lo que he hecho siempre", afirmó.
El Departamento de Justicia se vio envuelto en controversias tras las detenciones. La fiscal general Pam Bondi expresó que cualquier intento de interferir con el derecho de practicar la religión del público sería respondido con rigor. En un mensaje en redes sociales, Bondi enfatizó la importancia de proteger la libertad religiosa durante la administración Trump, amonestando a quienes pudieran violar estos derechos.
Lemon ha estado activo en plataformas digitales desde su salida de CNN. Su enfoque ha cambiado, publicando contenido en YouTube donde no oculta sus opiniones críticas hacia Trump. Durante una transmisión en vivo desde la iglesia, Lemon insistió en que su intención no era activista, sino la de reportar la situación como periodista e interviniendo en un diálogo con los asistentes y manifestantes.
La acusación incluye a nueve personas y documenta cómo Lemon, junto a otros, proyectó su plan de manifestación a través de las redes sociales antes del evento. Durante la protesta, el grupo interrumpió el servicio religioso con gritos y silbidos, creando un ambiente de tensión y confrontación. Los fiscales argumentan que los acusados, incluido Lemon, amedrentaron a los congregantes y al pastor.
La periodista independiente Georgia Fort reportó en directo durante los momentos anteriores a la detención de Lemon, destacando la presencia de agentes y afirmando que se estaba vulnerando el derecho a la libertad de expresión. Otros tres acusados fueron liberados bajo fianza y se declararon inocentes, generando aplausos de sus seguidores en la sala del tribunal.
La situación ha generado un debate sobre el papel de los periodistas en manifestaciones y su protección bajo la legislación federal. Jane Kirtley, experta en derecho de medios, argumentó que las leyes citadas por el Gobierno no están diseñadas para aplicarse a quienes realizan reportes noticiosos. Algunos activistas sostienen que los cargos contra Lemon son un intento de intimidación que afecta no solo a la libertad de prensa, sino que también tiene un impacto negativo en las comunidades afroamericanas que dependen de una representación justa en los medios.
Como consecuencia de estos eventos, la Asociación Nacional de Periodistas Negros ha expresado su indignación y preocupación, denunciando que el Gobierno está intentando criminalizar la libertad de prensa bajo el pretexto de hacer cumplir la ley. El caso de Lemon se ha convertido en un ejemplo emblemático de las tensiones actuales en la relación entre el Gobierno y los medios
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