Las comunidades indígenas desempeñan un papel crucial en la lucha contra el cambio climático. En la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se llevó a cabo en Belém, Brasil, en 2025, se reconoció su valor como protectores de los bosques y la biodiversidad. Sin embargo, la situación en Indonesia es problemática. Las comunidades indígenas y sus tierras enfrentan riesgos debido a proyectos respaldados por el Gobierno, como una planta geotérmica en East Nusa Tenggara y una represa en Kalimantan, que amenazan sus tierras ancestrales.
En Indonesia, hay entre 50 y 70 millones de personas indígenas, pertenecientes a más de 2,000 grupos diferentes. La mayoría de estas comunidades vive en la isla de Borneo, así como en Sulawesi y Sumatra. Durante la COP30, el Gobierno indonesio anunció la meta de reconocer 1.4 millones de hectáreas de bosques consuetudinarios con el objetivo de reducir la deforestación. Aunque la Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN) acogió con satisfacción este anuncio, advirtieron que esto es sólo un primer paso.
AMAN entregó mapas al Gobierno que demuestran que hay 33.6 millones de hectáreas de territorio consuetudinario, y más de la mitad de estas están en zonas forestales. Sin embargo, si no hay una participación activa de las comunidades indígenas y tampoco se resuelven disputas sobre la tierra, el reconocimiento de estos bosques no tendrá un impacto real. Rukka Sombolinggi, el secretario general de AMAN, expresó que el número de hectáreas debería ser mayor a 1.4 millones, ya que el potencial de los bosques consuetudinarios es mucho más amplio.
A medida que aumentan las inversiones y los proyectos nacionales, las comunidades indígenas se enfrentan a la expropiación de sus tierras y a un incremento de la violencia. Según AMAN, en 2025 se reportaron 135 casos de expropiación de tierras ancestrales, que resultaron en la pérdida de 3.8 millones de hectáreas en 109 comunidades indígenas. Además, 162 comunidades sufrieron penalizaciones y violencia, relacionadas con la explotación de recursos naturales y proyectos de infraestructura.
En 2025, la cifra de tierras indígenas expropiadas alcanzó los 38 millones de hectáreas, lo que representa un aumento significativo en comparación con los promedios anteriores. Las políticas actuales facilitan la expropiación y la violencia contra las comunidades indígenas se vuelve más común. AMAN advierte que estas políticas del Gobierno podrían empeorar la situación y generar más conflictos. Posiciones autoritarias por parte de las fuerzas de seguridad, especialmente en tierras ancestrales, agravan el riesgo.
A pesar de estas retos, un proyecto de ley que pretende ayudar a las comunidades indígenas ha estado detenido en el Parlamento durante más de diez años. Esta ley sería vital para acabar con la discriminación estructural, reconocer los derechos ancestrales y detener la expropiación reiterada de tierras. Propondría que las entidades estatales cumplan con la Constitución y atiendan las acusaciones de negligencia hacia los pueblos indígenas.
Conversando con Eustobio Rero Renggi, secretario general adjunto de AMAN, quien asistió a la COP30 en Brasil, comparte su preocupación sobre cómo muy poco se abordó el tema de los derechos indígenas durante la conferencia. Sin embargo, 11 países acordaron reconocer derechos sobre la tenencia de la tierra, abarcando 160 millones de hectáreas. Además, se ofrecieron 1.8 mil millones de dólares en financiamiento global para apoyar a los pueblos indígenas. Aunque el Gobierno indonesio se comprometió a restablecer 1.4 millones de hectáreas de bosques, urge realizar avances concretos en su reconocimiento.