El Gobierno de Mozambique afirma que el Decreto n.º 48/2025, que establece controles en las telecomunicaciones, «protege a la sociedad». Sin embargo, muchas organizaciones están preocupadas por el riesgo que esto representa para la libertad de expresión. Uno de los organismos que ha levantado la voz es el Centro para Democracia y Derechos Humanos (CDD), que presentó un recurso ante el defensor del pueblo para discutir si este decreto es constitucional.
Según el portal Moz24h, existe una gran preocupación entre periodistas y expertos en derechos humanos. Ellos creen que el decreto puede amenazar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información. Estas preocupaciones aumentan especialmente en épocas de tensiones políticas y movilizaciones sociales, como se vio después de las elecciones de 2024, que resultaron en 411 muertes y cerca de 7200 detenidos.
El decreto permite que el Estado suspenda los servicios de telecomunicaciones por hasta 48 horas, sin necesidad de una orden judicial. Esto significa que en momentos de crisis, el Gobierno podría restringir el acceso a internet y a datos que son vitales para la información y la organización de protestas. Además, otorga amplios poderes a las autoridades para monitorear las redes, alegando razones de seguridad nacional.
Algunas organizaciones han solicitado un análisis que evalúe si este decreto es realmente compatible con la Constitución y con los compromisos internacionales sobre derechos humanos. En marzo de 2026, el Ministro de Comunicaciones, Américo Muchanga, defendió el decreto, argumentando que su fin es proteger a la sociedad en momentos críticos, pero muchos expertos tienen una visión distinta.
Un investigador enfatizó que muchas democracias permiten restricciones temporales a las comunicaciones en situaciones de crisis. Sin embargo, advirtió que en contextos donde las protestas son vistas como amenazas a la estabilidad, estos decretos pueden usarse incorrectamente para silenciar voces disidentes. Dijo: “El verdadero problema no es el decreto en sí, sino cómo se aplica”.
El activista y periodista Nadio Taimo resaltó que el acceso a internet es esencial para el ejercicio de la libertad de expresión y la circulación de información. Los medios tradicionales están migrando a plataformas digitales, que se están convirtiendo en espacios esenciales para el debate público. Taimo indica que cualquier bloqueo a internet podría limitar severamente el acceso a la información.
El debate sobre el control de las telecomunicaciones en Mozambique recuerda eventos similares en el pasado, cuando protestas en ciudades como Maputo y Matola llevaron a un mayor control del uso de teléfonos móviles y otros medios de comunicación. En esos tiempos, los ejercicios de la libertad de expresión se encontraban bajo presión importante y el acceso a información seguía siendo un tema crítico.
Finalmente, es importante mencionar que la situación en Mozambique no es única. Varios países africanos han enfrentado bloqueos de internet relacionados con elecciones y protestas. Grupos de derechos humanos afirman que tales acciones no solo limitan el acceso a la información, sino que afectan también la participación civil y afectan a la vida cotidiana de las personas.
Discussion questions
- ¿Cómo influye el control de las telecomunicaciones en la libertad de expresión en un país democrático?
- ¿Qué medidas pueden tomar las organizaciones de derechos humanos para contrarrestar los efectos negativos de decretos como el n.º 48/2025?
- ¿De qué manera puede un decreto que busca proteger a la sociedad impactar la confianza pública en el gobierno durante una crisis?
- ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en la denuncia de estas restricciones en el acceso a la información?
- ¿Cómo pueden los ciudadanos equilibrar la necesidad de seguridad nacional con su derecho a la información y la libertad de expresión?
