El Tribunal de Atenas ha declarado culpables a cuatro directivos relacionados con el software de espionaje llamado Predator. Este software fue utilizado para escuchar las comunicaciones de periodistas y políticos, lo que representa una violación de la privacidad y un ataque a la Constitución.
Los acusados son representantes de dos empresas que venden este software ilegal. Fueron encontrados culpables de espiar los teléfonos de varias personas, entre ellas el periodista Thanasis Koukakis y la estadounidense Artemis Seaford. También se comprobó que intentaron intervenir las comunicaciones de otras tres personas.
En total, el tribunal identificó 82 intentos de intervención telefónica. Sin embargo, absolvió a los acusados de acceder ilegalmente a la información de 108 denunciantes que no habían presentado quejas formales. Los cuatro hombres han sido condenados por interferir en sistemas de datos personales y por violar el secreto de las comunicaciones. Esto significa que se les encontró culpables de cometer delitos graves, en varios casos, aunque también se trató de intentos que no llegaron a consumarse.
Los acusados en este caso son Yannis Lavranos, Felix Bigios, y los esposos Jonathan Dillian y Sarah Alexandra Hamou. La situación ha causado una gran controversia política en Grecia, ya que pone en tela de juicio la protección de datos personales y el respeto a la privacidad.
El tribunal no tuvo en cuenta ni circunstancias atenuantes para los acusados ni su declaración en el juicio. A pesar de su ausencia durante la lectura del veredicto, fueron representados por sus abogados. El presidente del tribunal, Sr. Askianakis, explicó que, después de revisar el extenso material del caso, aceptó la recomendación del fiscal para endurecer las penas.
El fiscal, Dimitris Pavlidis, argumentó que las acciones de los acusados hicieron evidente que el software Predator operó en Grecia y que fue utilizado para violar la privacidad de los ciudadanos. Pavlidis afirmó que esto podría ser una amenaza para los derechos fundamentales establecidos por la Constitución democrática, ya que otorga poder a personas que no deberían tenerlo.
El juicio se centró en el uso indebido de tecnología de vigilancia y la inseguridad que esta provoca. Debe recordarse que el uso de herramientas como Predator puede tener graves consecuencias, no solo para las personas espiadas, sino también para la sociedad democrática en su conjunto.
Por último, se espera que el tribunal tome decisiones sobre las sentencias en un futuro cercano y que la ley más favorable se aplique a los acusados. Esta ley, que se aprobó en 2019, reduce la gravedad de ciertos delitos relacionados con la invasión de la privacidad.