La multinacional francesa Capgemini ha decidido vender su filial estadounidense, Capgemini Government Solutions, que se encuentra bajo el escrutinio público por haber prestado servicios al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE). La medida llega en medio de un intensificado debate a nivel internacional sobre las prácticas controvertidas de este organismo, conocido por sus severas políticas migratorias.
En un comunicado emitido el pasado domingo, Capgemini argumentó que las "limitaciones legales" en EE.UU. impiden a la corporación ejercer un control efectivo sobre las operaciones de su filial. Esta empresa ha estado en el ojo del huracán debido a un contrato que le permite al ICE rastrear a extranjeros en el país y supervisar sus movimientos. Este acuerdo fue revelado por el Observatorio de las Multinacionales, lo que llevó a un aumento de la presión pública y política sobre la empresa.
Según Capgemini, la filial representa solo el 0,4% de las ventas globales del grupo para 2025 y menos del 2% en el mercado estadounidense. No obstante, la decisión de vender la filial se hace urgente tras el clamor de varios grupos y políticos, tanto en Francia como en EE.UU., que cuestionan la moralidad de colaborar con un organismo gubernamental que lleva a cabo prácticas tan cuestionadas.
La presión sobre Capgemini ha sido intensa, y varios diputados franceses, junto con el ministro de Economía, Roland Lescure, han exigido claridad sobre las actividades de la empresa en EE.UU. El sindicato CGT Capgemini también se ha hecho eco de estas demandas, lanzando una petición en línea que pide el cese de cualquier vínculo con el Gobierno estadounidense, acusando directamente a la empresa de ser cómplice de la "localización, detención, secuestro y deportación de decenas de miles de personas".
Las operaciones del ICE en Minneapolis, por otra parte, han arrojado resultados trágicos, con informes recientes de la muerte de ciudadanos estadounidenses en sus manos, así como de migrantes que han fallecido bajo custodia federal. Desde el inicio de este año, se han documentado al menos seis muertes de migrantes detenidos, lo que ha suscitado protestas generalizadas no solo en EE.UU., sino también en Europa. Recentes manifestaciones en Francia e Italia han sido impulsadas por la noticia de que agentes del ICE asistirían a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno como asesores, lo que ha provocado un aluvión de críticas.
La decisión de Capgemini de vender su filial parece una respuesta directa a la presión social y política que enfrenta, y el proceso de venta ya se ha indicado que se iniciará de manera inmediata. Esto refleja la creciente tendencia de las corporaciones a distanciarse de prácticas consideradas éticamente cuestionables, especialmente en un contexto donde las críticas y protestas de organizaciones civiles y partidos políticos son cada vez más sonadas.
El caso de Capgemini no es el único. En el transcurso de los últimos años, numerosas empresas han sido cuestionadas por sus vínculos con el ICE, impulsando un diálogo necesario sobre la responsabilidad social corporativa y el fin de la colaboración con entidades que operan bajo prácticas criticadas por violar derechos humanos.
En conclusión, la decisión de Capgemini de desprenderse de su filial en EE.UU. podría marcar un punto de inflexión significativo en la forma en que las empresas abordan su responsabilidad social y su reacción ante la presión pública. Habrá que observar con atención cómo se desarrollan los acontecimientos y si otras corporaciones seguirán su ejemplo en este debate que no solo toca a las empresas, sino también a la estructura social y legal de las naciones involucradas.