Alemania rechaza la nueva ley israelí sobre la pena de muerte

El Gobierno de Alemania ha expresado su firme desacuerdo con la reciente ley aprobada en Israel que permite la ejecución por ahorcamiento de palestinos condenados por terrorismo en relación a atentados mortales. Este anuncio se produce en un contexto de elevada tensión tras los ataques terroristas que comenzaron el 7 de octubre de 2023.

Stefan Kornelius, portavoz del Gobierno alemán, ha declarado desde Berlín que, aunque es comprensible que Israel adopte una postura decidida contra el terrorismo, la nueva legislación genera serias inquietudes. Kornelius afirmó: “El rechazo de la pena de muerte es un principio fundamental de la política alemana. La ley recién aprobada no solo plantea cuestiones éticas, sino que, además, se prevé que se aplique de forma discriminatoria, afectando específicamente a los palestinos en los territorios ocupados”.

La Unión Europea también se mostró preocupada por la ley, que, según Anouar El Anouni, representante de la Comisión Europea, representa “un claro retroceso”. La UE destacó que la introducción de la pena de muerte, acompañada del enfoque discriminatorio de la ley, plantea importantes desafíos para los derechos humanos y el estado de derecho.

La Knéset, el parlamento israelí, aprobó la reforma que convierte la pena de muerte en una sentencia por defecto para aquellos condenados por crímenes de terrorismo. La votación finalizó con 62 votos a favor y 48 en contra, evidenciando una profunda división entre los legisladores. La ley obliga a los tribunales militares a imponer la pena de muerte, mientras que los tribunales civiles que juzgan a ciudadanos israelíes tendrán la opción de imponer cadena perpetua en lugar de la pena capital, lo que demuestra un contraste significativo en el tratamiento judicial.

La normativa estipula además que, tras la sentencia, la ejecución debe llevarse a cabo en un plazo de 90 días por el Servicio Penitenciario, a través de ahorcamiento, bajo condiciones estrictas que incluyen restricciones para el acceso del recluso a sus familiares y la supervisión de la ejecución.

Para Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional de Israel y figura controvertida en el panorama político, esta aprobación representa una victoria. Ben-Gvir, un abogado que promueve una ideología ultranacionalista y supremacista judía, ha estado a la vanguardia de esta iniciativa. En la antesala de la votación, provocativamente mostró una miniatura de una horca en su solapa, enfatizando su apoyo a la medida que ha causado tanto revuelo.

Históricamente, Israel abolió la pena de muerte en 1954, reservándola solo para situaciones excepcionalmente graves como los crímenes de guerra y genocidio. La última ejecución que se registró en Israel fue la del criminal nazi Adolf Eichmann en 1962, quien fue uno de los principales arquitectos del Holocausto. Desde entonces, el país ha mantenido una política de condenas que evita recurrir al ámbito de la pena capital.

La dirección que Israel ha tomado con esta ley ha suscitado un creciente debate entre miembros de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos. Muchas voces han criticado que esta medida corrije la historia hacia una realidad donde la ejecución se convierte en una herramienta aceptada frente a la violencia, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la moralidad y la ética en la administración de justicia.

Este marco legislativo se asocia con el contexto de violencia creciente en los territorios palestinos, donde se ha advertido un aumento en los ataques por parte de fuerzas israelíes. Según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, se registraron 1,017 asesinatos de palestinos entre el 7 de octubre y el 13 de noviembre de 2025, por lo que muchos expertos ven en esta nueva ley un intento de intensificar la represión en ese territorio.

La implementación de la pena de muerte, específicamente dirigida a un grupo étnico o nacional en particular, podría considerarse un acto discriminatorio y pone de relieve una vez más la necesidad de un enfoque más equilibrado y justo en la resolución del conflicto israelí-palestino.