En un caso sorprendente, dos abogados de derechos humanos en Pakistán, Imaan Zainab Mazari-Hazir y Hadi Ali Chattha, fueron condenados a 17 años de prisión en enero de 2026. Su delito fue denunciar en redes sociales abusos cometidos por el Ejército pakistaní entre 2021 y 2025, especialmente en las provincias de Baluchistán y Jaiber Pastunjuá.
En Baluchistán, existe un conflicto separatista que ha durado casi 80 años, y muchas familias han denunciado desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército. Sin embargo, las autoridades siempre han negado estas acusaciones, argumentando que están luchando contra el terrorismo. La ley que se utilizó en este caso, la ley de prevención de delitos electrónicos, fue creada para combatir delitos online. Sin embargo, muchos críticos aseguran que se usa para callar a voces críticas.
Imaan Mazari, de 32 años, es graduada de la Universidad de Edimburgo y ha trabajado en casos difíciles de derechos humanos, en especial en desapariciones forzadas y defensa de personas acusadas de blasfemia. Su madre, Shireen Mazari, fue ministra de Derechos Humanos en Pakistán. Por su parte, Hadi Ali Chattha ha trabajado también en defensa de víctimas de violencia sexual y ha representado a muchos acusados falsamente. La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2023 y trabajaba en casos que desafiaban a poderosas instituciones.
Las acusaciones contra ellos incluyeron ciberterrorismo y difusión de información falsa que podría afectar la seguridad nacional. La fiscalía argumentó que sus publicaciones y retuits en redes sociales apoyaban a organizaciones prohibidas y minaban la confianza en el ejército. Sin embargo, los abogados de la pareja alegaron que no tuvieron suficiente tiempo para preparar su defensa y que el juicio fue muy rápido, durando menos de tres meses, algo inusual en estos casos.
Además, durante el juicio, la pareja fue arrestada a pesar de su libertad bajo fianza. Se denunciaron irregularidades en el proceso legal, incluyendo la ausencia de los acusados en algunas audiencias y el acceso limitado a su expediente. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han calificado este juicio de injusto y han pedido que se respete el derecho a la libertad de expresión.
La condena de Mazari y Chattha ha generado protestas en Pakistán y críticas a nivel internacional. La Unión Europea y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenaron la sentencia y dijeron que representa una forma de persecución judicial. En este sentido, la aplicación de la ley de delitos electrónicos ha sido vista como un modo de reprimir la crítica al gobierno, afectando la libertad de expresión.
Muchos defensores de los derechos humanos ven esta condena como un mensaje intimidatorio para otros abogados y activistas en el país. A pesar de que el gobierno dice respetar los derechos humanos, este caso ha aumentado las preocupaciones sobre la libertad de los que defienden causas importantes en Pakistán. El futuro de los derechos humanos en el país parece incierto si este tipo de justicia continúa.